Tras una larga sesión legislativa y a través de una votación a viva voz, la Cámara alta de la isla caribeña abrió así paso este miércoles a una propuesta que, si es aprobada ahora por la Cámara baja y firmada por el gobernador, podría entrar en vigor a principios de 2014.
"Ahora la verá la Cámara de Representantes, que es algo más conservadora, pero, por lo que me llega, allí también cuenta con suficientes apoyos", explicó hoy a Efe el impulsor de esta iniciativa, el senador Miguel Pereira.
Luego "deberá ser firmada por el gobernador, que no suele aplicar su derecho a veto", por lo que si el proceso no se ve interrumpido, "podría entrar en vigor a final de este año o comienzos del próximo".
Aunque el proyecto inicial era más ambicioso y buscaba la despenalización de la tenencia de una onza completa (28 gramos), el Senado finalmente acordó hoy que hasta media onza se considere sólo infracción, lo que podría conllevar una multa máxima de 100 dólares (200 si se reincide y 300 si son tres veces).
Si la cantidad está entre media y una onza se podrá castigar con un máximo de 500 dólares y seis meses de prisión, y a partir de esa cantidad se mantendrán las penas actuales de tres años de prisión y multa de hasta 5,000 dólares.
En caso de reincidencia la pena obligatoria de reclusión es de seis años y cuando es una ofensa cometida en una escuela o institución el castigo se duplica.
"El cambio es de pura justicia. La noción de que uno debe cumplir prisión por un delito no violento ofende al sentido de la proporción y justicia de las penas", defendió Pereira, del gobernante Partido Popular Democrático (PPD).
El senador ha sido fiscal federal por doce años, jefe de la Policía de Puerto Rico y secretario de prisiones, así que conoce de cerca la carga policial, judicial y penal que supone para el sistema la posesión de pequeñas cantidades de marihuana, castigada ahora con una pena obligatoria de tres años de prisión.
Se trata del mismo castigo que se podría imponer a un ladrón, a alguien que estafa vendiendo algo que no es suyo o que, en general, comete un delito en el que hay terceras personas que resultan víctimas de sus actos.
"Aquí no hay más víctima que acaso quien consume", explicó el senador, quien apuntó que "siempre se piensa en el joven de 20 años, pero no en los hombres de 30 o 40 que son padres de familia y a los que se les sentencia a tres años de prisión".
Desde que se presentó esta propuesta en abril ha habido un proceso de debate social que ha ido de la "demonización" inicial a "un mejor entendimiento de sus implicaciones sociales", según Pereira.
Pereira cree que este aspecto social es el que más ha pesado en la evolución de la opinión pública y del propio Senado, aunque también el económico, ya que según, sus cálculos, las malogradas cuentas de este Estado Libre Asociado a EE.UU. podrían ahorrarse más de ocho millones de dólares anuales sólo en custodia de reos.
"Sólo por posesión de marihuana en Puerto Rico puede haber unos 180 reos, que le cuestan al erario 45.000 dólares al año, así que sería es un ahorro extraordinario", dijo el senador, quien recordó que a ello se sumaría todo lo asociado a menos carga de trabajo policial y judicial.
Igualmente, recordó que la despenalización es "un fenómeno casi universal", que está ocurriendo en muchos lugares (incluidos 22 de los 50 estados de EE.UU.) y que "enmienda un error" cometido hace décadas, cuando se fijaron penas desproporcionadas.
De hecho, durante los dos meses de tramitación en el Senado, con debates y vistas públicas, prácticamente ha habido consenso en que las penas actuales son exageradas.
"Nuestra Constitución que prohíbe los castigos crueles e inusitados, y todo el mundo ha entendido que es desproporcionado tipificar como delito grave la posesión de una cantidad ampliamente reconocida como de uso personal", resumió el Senador.
En el texto aprobado se insiste en que no se pretende legalizar la posesión ni el consumo de marihuana, sino "cambiar el enfoque punitivo" con el que el Estado se enfrenta a un consumidor mayor de edad, para reducir la actividad criminal relacionada con la posesión para consumo personal y descargar la presión a que están sometidos los organismos policiacos, judiciales y penitenciarios.
