END -Los jueces están listos para procesar, a partir de mañana, a las personas que tienen conexiones ilegales del servicio de electricidad, y que enfrentarán multas, sanciones y hasta tres años de prisión, informó ayer la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos.
Ramos: Juzgados condenarán a roba luz
Hoy expira el período de 180 días para que los clientes de la empresa distribuidora, TSK Melfosur, soliciten una amnistía para regular el servicio de electricidad. Voceros de esa empresa no contestaron las llamadas para conocer con cuántos de sus clientes alcanzaron un acuerdo.
Cifras oficiales indican que el robo de electricidad genera pérdidas por US$50 millones anuales a la empresa distribuidora.
Poner orden
“Al que esté ilegalmente conectado ya se le dio un plazo para que regularizara su situación, de manera que ya se venció el plazo definitivamente, así que ahora todo el mundo tiene que ponerse en orden”, precisó ayer Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, tras participar en una sesión en la Asamblea Nacional.
Según Ramos, el uso ilegal del servicio de electricidad es un “delito como cualquier otro”.
“Los jueces tienen un procedimiento a seguir que está establecido en el Código Procesal Penal, el delito está tipificado con sus penas, no hay ninguna preparación especial (…) Nosotros solo recibimos acusaciones, les damos curso, y si se comprueba el delito condenamos, y si no se comprueba absolvemos”, precisó Ramos.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, Nicaragua es el país de Centroamérica que paga el mayor valor por el kilovatio hora de electricidad en el sector residencial, a un precio de US$0.28.
TSK Melfosur tiene un promedio de 920,326 clientes, de los cuales unos 697,176 gozan de un subsidio por consumir menos de 150 kilovatios hora al mes.
No más prórroga
Por su parte, el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, consideró que no sería viable aprobar una prórroga a quienes tienen conexiones ilegales dado, porque Nicaragua no tiene una matriz energética estable.
Según Gutiérrez, de aprobarse otra moratoria se estaría promoviendo que los usuarios “emigren a la ilegalidad”.
“El mensaje que enviaría esa prórroga, para mí, es un mensaje negativo y ya no se puede seguir jugando con el futuro de Nicaragua”, advirtió el legislador.
Oficinas llenas
A las oficinas de la empresa distribuidora eléctrica, según información de Gutiérrez, quienes más se han acercado a legalizar su situación son personas que viven en los “asentamientos humanos espontáneos”.
En los últimos días las sucursales de Disnorte y Dissur se han visto colmadas de gente que busca legalizar su situación.
En tanto, la diputada Jenny Martínez, presidenta de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, indicó ayer que en la próxima legislatura es muy probable que el tema sea retomado por los legisladores.
“Por el momento se va a dar estricto cumplimiento a lo establecido en la ley (…) Lo primero son sanciones y multas, no es cierto como algunos quieren manejar, de que ahora porque te encuentren ilegal abrirán un proceso judicial, si no hay cumplimiento a las multas y sanciones, de último se procede a un proceso judicial, pero antes no”, explicó.
La sanción
El Código Penal establece en su artículo 236 que la persona que esté conectada ilegalmente o alterando los sistema de control de medición de servicios básicos será sancionada con prisión de uno a tres años.