Del 1,1 millones de nicaragüenses pobres, 558.000 son mujeres y niñas, aseguró ayer en una entrevista con Efe María Teresa Fernández, presidenta de la Coordinadora de Mujeres Rurales (CMR) de Nicaragua y quien se encuentra en España para pedir al Gobierno español, ONGs y diversas instituciones que presionen al Ejecutivo de su país para que facilite tierras a las mujeres rurales.
Con ese objetivo, Fernández se entrevistó con la diputada socialista Mariví Monteserín, de la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados, y este viernes se reunirá con representantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
La activista nicaragüense pedirá que una parte de la ayuda de Aecid para Nicaragua sea destinada al desarrollo de la mujer rural, de la que afirma que en general “tiene una escolarización muy corta”, lo que reduce sus posibilidades de salir de la pobreza y la discriminación.
Demandan fondos para crédito La CMR reclama al Gobierno nicaragüense los fondos necesarios para implementar la ley que se aprobó en mayo de 2010 para que las mujeres rurales tuvieran acceso a créditos hipotecarios para poder comprar tierras de cultivo. Fernández denunció la creciente tendencia del monocultivo en grandes extensiones, concretamente de cacahuetes (maní), ajonjolí (sésamo), caña de azúcar para combustible y yuca.
En contraste, “todas las mujeres diversifican los cultivos”, subrayó al manifestar la preocupación por la seguridad alimentaria. La CMR pide al Gobierno nicaragüense que destine el 0,06% del presupuesto nacional de 2012, o unos 1,2 millones de dólares a otorgar préstamos a un primer grupo de 300 mujeres para que compren tierras, y Fernández asegura que “las mujeres van a responder” y mejorarán su economía.
En Nicaragua, la tierra pasa de padres a hijos varones e incluso si lo hereda una mujer, la propiedad se pone a nombre del marido, según la líder campesina, quien lamenta que sin tierras de su propiedad las mujeres no tienen derecho a gestionar los beneficios que producen ni decidir qué cultivan ni tienen acceso a créditos para invertir en fertilizantes, en su formación o en otros.
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