El Instituto Nicaragüense de Turismo, Intur, ordenó revisar el cobro de propinas que se aplica de manera forzada en algunos restaurantes y hoteles del país, declaró ayer su presidenta ejecutiva, Mayra Salinas, durante una comparecencia en un medio de comunicación.
Salinas recordó ayer que el cobro de hasta un 10% en la factura, en concepto de propina “voluntaria”, viola la nueva Ley de Defensa a los Consumidores y Usuarios, que fue aprobada el pasado 13 de junio, así como la Ley General de Turismo.
“Este es un tema muy complejo, nosotros ayer orientamos al Área de Asesoría Legal y al Área de Servicio y Protección del Turista, para que se sienten y se haga una revisión de todas las aristas que tiene el tema y ver cómo vamos a enfrentar esta situación”, dijo Salinas.
La nueva Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, que reemplazará la anterior Ley 182, establece en su artículo 10 que es prohibido para los proveedores incluir propina en el precio al consumidor y en el cálculo de la factura, dejando a criterio del consumidor pagar o no propina, ya que esta es voluntaria.
La funcionaria detalló que además del cobro forzado de la propina que aplican algunos establecimientos comerciales del país, también ocurren otras anomalías, como el uso de esta para el pago del salario de los trabajadores, por lo cual parte de la planilla es pagada con el dinero que dejan los clientes, al margen de lo que establece el contrato laboral.
“(En algunos casos) ni siquiera le pagan el salario mínimo (a los trabajadores), lo cual es violación de la Ley del Salario Mínimo y del derecho del trabajador, que dice cuánto deben pagar en el área de servicios y comercio”, expresó Salinas.
¿Dónde reportar abusos?
Melvin Escobar, especialista en temas de defensa a los consumidores, dijo que una vez que la nueva ley entre en vigencia el próximo 9 de octubre, los usuarios pueden denunciar el cobro forzado de la propina y otros abusos de los que sean sujetos, en la Dirección de Defensa de los Consumidores, del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Mific.
Escobar añadió que a diferencia de la legislación anterior, la nueva ley de Defensa de los Consumidores establece claramente los mecanismos y sanciones para penalizar a los establecimientos que violen el reglamento.
“La ley vigente desde 1994 era una ley tímida respecto a la protección efectiva del consumidor, porque en la parte reglamentaria dice que las resoluciones apenas prestan carácter de presunción en la vía judicial (…) Al no establecer la consecuencia jurídica es una ley que queda en papel mojado”, concluyó el especialista Escobar.
Fuente:END